Los análisis «revolucionarios» del Estado, a menudo, reposan sobre un a priori maniqueo. El estado es la herramienta de una clase social que utiliza los recursos materiales de éste (policía, ejército, fiscalidad, etc.) e ideológicos en beneficio de sus propios intereses. El estado aparece al mismo tiempo como «bastión» a conquistar y como instrumento de coerción a destruir. Sin embargo, ese análisis no se corresponde apenas con la realidad histórica. La mayor parte de las construcciones estatales conocidas nacieron de movimientos mezclados. El primero es el producto de lo que podríamos llamar un proyecto de clase encaminado a la creación de un aparato de control. El segundo es resultado de un proceso de lucha y de negociación entre grupos sociales de la que surge una cierta legitimidad de los gobernantes. Dicho de otro modo, no se encuentra sino excepcionalmente una situación en la que la «sociedad» quede totalmente reducida al espectáculo de su sumisión. Incluso en los Estados más autoritarios, los dominados interfieren en el dominio político, por ejemplo, a través de manifestaciones de pasividad o ridiculización del poder. Todo estado es el resultado de un compromiso aunque el aspecto de la dominación de clase o de grupo no se puede negar. En otras palabras, el Estado no es solamente el otro, el Estado también somos nosotros.

El maniqueísmo «revolucionario» se redobla en un materialismo de los conflictos. Pues es necesario reconocer que las representaciones, los imaginarios juegan un papel evidente en los conflictos políticos y en los procesos de legitimación. La manera como los grupos y los individuos se perciben, la manera, por ejemplo, como definen su modo de vida en función de su estatus social, de su historia, etc., no se puede reducir a un análisis expresado en simples términos de materialidad. A través de esos dos elementos, se puede derivar una visión contrastada de la acción política. Frente a no importa qué Estado, de ayer o de hoy, la contestación no es ni totalmente autónoma (revolucionaria) -cada individuo participa de una manera u otra, en un grado u otro, en el proceso de construcción estatal- ni totalmente integrada en el aparato de control «totalizador». En el marco de la sociedad posclasista actual, la tentación de no ver en el Estado más que la dimensión de «procesos de negociación y conflicto» es grande.

Habiendo desaparecido cualquier rastro de dominación particular, no existiría sino dominación general, por un lado incalificable, universal e impersonal, y por otro, inatacable. Aparte el problema de la «calificación» del sistema que justificaría importantes desarrollos, subrayemos en primer lugar que el sistema no es universal (zonas enteras del globo quedan fuera, aunque la ilusión de la aldea planetaria quiera hacer creer lo contrario), ni impersonal. Desde luego, la sociedad combinatoria¹ que se instala hace imposible la personificación de un poder más o menos fuerte, sino que descansa sobre la existencia de redes de poderes donde se mezclan la tradición (familia, religión) y la modernidad (grandes corporaciones) y sobre un conjunto de relaciones sociales específicas; una y otra susceptibles de ser sometidas a reflexión.

Para los analistas del sistema cerrado, la sociedad moderna o posmoderna está marcada por el sello de la libertad y el consenso. De este modo se vuelve inatacable pues cualquier crítica sería un producto del sistema o una tentativa indirecta o inconsciente de completarlo, de mejorarlo. Esto implica también la referencia a una estricta continuidad entre el momento de la contestación y el momento de la integración de la contestación o la existencia de un pecado original de la contestación que por naturaleza estaría abocada al compromiso. No se contempla la posibilidad de un hiato, de una discontinuidad entre los dos movimientos² que hace que, independientemente de lo que se piense, las cosas han cambiado, se han desplegado ilusiones. Esto no lleva, sin embargo, a considerar como equivalentes todas las formas de contestación y todas las formas de crítica sino, al contrario, de vislumbrar entre algunas de ellas (¿a partir de qué criterios?) la clarividencia de poner en claro la realidad de las relaciones y las contradicciones sociales. La contestación del CIP ha sacado a la luz del día cierto número de elementos nuevos en las relaciones del poder/sociedad y en la naturaleza actual de ese poder. Con ello han ganado validez aspectos a la vez consensuales y posconsensuales de la actual situación. Consensuales, pues la reivindicación concernía a una medida concreta y la legitimidad del sistema nunca fue puesta en cuestión. Desde este punto de vista, ha sido una vez más la manifestación de la ausencia de alternativa política. Pero al mismo tiempo, y contrariamente al movimiento de 1986, que permanecía dentro de los límites del debate derecha/izquierda y del debate político sobre la situación de crisis, el consenso ha sido superado en una afirmación de la impotencia de los políticos, sin dar ninguna explicación. Incluso en un aspecto -el empleo- que cristaliza elementos fundamentales de la vida social, todo el mundo parece considerar que la toma de posición de los políticos de todos los colores es muy débil. En el marco de esta aceptación/ridiculización del juego democrático, la única acción posible es una acción al margen, orientada por un punto de vista minoritario sobre aspectos concretos. Ciertamente, el Estado no se critica abiertamente, ya que no existe una alternativa «seria» ni referencia alguna a una utopía, a una posible superación de las normas democráticas, pero es legítimo oponerse a él, incluso violentamente, con la condición de que esa violencia sea defensiva. Las formas de acción mismas manifiestan una evidente novedad: reocupación de un centro de la ciudad habitualmente destinado a los automóviles y a las mercancías y no a la protesta de calibre democrático.³

Desde el lado del poder, con el asunto del CIP se ha manifestado abiertamente esa impotencia de la que la sociedad ha tomado conciencia. Las decisiones políticas son en una amplia medida artificiales y simbólicas. No parecen adoptadas a partir de una reflexión, de un proyecto más o menos a largo plazo, sino como referencia a una simple necesidad (que se convierte en absoluta): la de dar la impresión de que se «hace algo», mientras que la realidad parece dirigida por una especie de fatalidad. El margen de maniobra para «hacer algo» es limitado. Limitado por la obligación consensuada de reafirmar la existencia de leyes económicas insuperables, limitado también por el hecho que el poder ya no cree, tampoco, en las virtudes de su intervención, sobre todo en lo que concierne al empleo. Todo el mundo sabe (comprendidas las empresas) que la reducción de los salarios y de las prestaciones sociales no crea empleos, pero como las leyes del mercado son dogmas ideológicos, cada cual se las ingenia para suscribirlas. Por el contrario, la marca fuertemente ideológica de las medidas adoptadas permite que el poder las retire a la menor oposición sin dar la impresión de que se desdice. El hecho que el Estado respete leyes inmanentes que son impotentes a la hora de satisfacer las necesidades de la reproducción social, sin embargo, le condena a una pérdida de legitimidad. La acción estatal entonces se descuelga por el lado de la ideología. Eso explica la danza de proyectos avanzados y retirados desde hace diez años. El Estado domina la sociedad «en general» pues reina el consenso, pero se revela incapaz de conducirla, de remodelarla e incluso de controlarla en todos sus aspectos. A la artificiosidad del poder parece corresponder una autonomía paradójica de la sociedad. Así, por propia elección, los «jóvenes» han delimitado su territorio, han establecido límites más allá de los cuales el poder no deberá intervenir sino con prudencia. El movimiento anti-CIP ha permitido de ese modo alcanzar uno de los límites del consenso: demasiada unanimidad daña al poder, pues hace imposible el diálogo. A un clima políticamente calmo y temperado suceden, en cualquier momento, tempestades locales y circunstanciales, pero violentas, que el Estado no puede contener sino a través de medidas que juegan la carta a un tiempo de la represión policial y del repliegue político.▪

Notas